En defensa de sus recursos y contra la expansión
minera
Sobre
la lucha del pueblo de Cañaris
El
presente artículo es producto de una investigación realizada para difundir la
situación en que vive el pueblo de Cañaris, donde el pueblo se enfrenta a la expansión minera que se apropia de sus
tierras, por el agua, en defensa de sus derechos fundamentales.
Cañaris es un pueblo a unos 2400 metros de
altura, dentro del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe y departamento
de Lambayeque; enclavado en los Andes, extremo nororiental del departamento,
aún conserva el idioma quechua y algunas tradiciones incas (por ejemplo, la
denominada “minga”, variante de la “minca”). Aunque son duramente golpeadas por
la pobreza y la desnutrición, esto no impide que las masas campesinas de todo corazón nos brinden posada y comida
calentada en rojas brasas. Así, la mejor lección de entrega nos la dan quienes
poco o nada tienen.
El distrito de Cañaris cuenta con 78 caseríos y 6
anexos, organizados en dos comunidades: San Juan de Kañaris y Túpac Amaru II.
La agricultura de autoconsumo es la actividad
económica principal del valle. Se realiza al secano, es decir depende de las
lluvias que traen los vientos entre octubre y noviembre; en ciertos lugares se
practica la agricultura destinada al comercio con las ciudades (en Huacapampa
el café, en Atunpampa la naranja). La ganadería ocupa el segundo lugar en las
partes altas del valle; el comercio se realiza con mercadería traídadesde la
ciudad de Pucará, a través de carreteras intrincadas pero seguras. Así pues la
producción agrícola es la actividad más importante de vida comunitaria.
Cañaris es uno de los pocos distritos lambayecanos que
conservan un inmenso bosque húmedo, importante reserva inagotable de diversidad
biológica y cuencas hidrográficas; de aquí nacen los ríos Kañariacuy Atun Yacu,
el primero desemboca en el río Huancabamba e irriga el Valle de Pucará; y el
segundo se une al canal Huayabamba e irriga el Valle de Motupe. En su
comprensión territorial también se encuentra las lagunas Tembladera y Shin-Shin.
Además, en recientes descubrimientos se encontró en Congona – Cañaris vestigios
arquitectónicos de la cultura Chavín.
Los paisajes naturales son de una belleza tal que bien merecen los
extenuantes recorridos.
Actualmente,
sobre los terrenos de la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris, con 45 000
Ha. aproximadamente, se ha establecido
la empresa minera Cañariaco Copper Perú S.A.” (antes “Oro Candente”, luego
“Exploraciones Milenio”, filial de la empresa canadiense Candente Copper
Corp.), cuyo gerente general es el Ing. Marco Alejandro Marticorena Quevedo, y
cuya sede está en la calle Antequera 777, Of. # 1101, San Isidro, Lima. Su
oficina de administración está en Chiclayo, calle Los Sauces N° 750, Urb. Santa
Victoria. Desde el año 2001 esta empresa adquirió las concesiones mineras
Cañariaco A, Cañariaco B, Cañariaco C, Cañariaco G, Cañariaco F1, Cañariaco U,
Jehuamarca 1 y Jehuamarca 2.
Abusos
contra el pueblo
En todo este tiempo la empresa ha conformado los
llamados “comités de gestión”, que han sido los instrumentos para imponer sus
negros intereses, engañando a los comuneros con salarios diarios de 50 soles y
proyectos que no representan avance para la comunidad. Los compromisos de la
empresa sobre educación, desarrollo de técnicas agropecuarias, pagos de
servidumbre, becas, etc., sólo han
quedado como letra muerta en el papel; en la realidad han mostrado su
desprecio, prepotencia y burla hacía la comunidad.
La justa lucha del pueblo de Cañaris se origina por la
expedición de la Resolución Directoral N° 0177-2012 del Ministerio de Energía y
Minas del 30 de mayo de 2012, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado del proyecto de exploración minera Cañariaco, presentado por
Cañariaco Copper Perú S.A.; en consecuencia el MINEM autorizó a dicha empresa
por 17 meses para realizar actividades exploratorias. Esto choca con lo
dispuesto en el literal “a” del numeral 1 del artículo 6 del Convenio N° 169 de
la OIT, que establece la obligación de los gobiernos de “consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Empresa Monta
“Asamblea”
Para sortear este entrampamiento legal la
empresa tramó una “asamblea general de comuneros por convocatoria judicial”.
Tal como se expone en la Carta N°-009-2012-CCSJC recibida por el Ministerio de
Energía y Minas, con registro documentario N° 2214791, el requerimiento de
convocatoria de asamblea general realizada por el comunero Elías Palomino Julca
y otros no cumplió con lo establecido por el artículo 43 del Reglamento de la
Ley de Comunidades Campesinas, pues para que haya asamblea el pedido deben
hacerlo la quinta parte de los comuneros calificados (867 de un total de 4334
comuneros en esa fecha), y sólo se presentaron 800 firmas, y después de
examinarlas resultaron válidas sólo 600.
Además, la “convocatoria judicial” la realizó un
juez de paz sin competencia, pues conforme al artículo 43 del citado Reglamento
quien debe hacerlo es el Juez de Paz del Distrito de Kañaris, sin embargo el
Juez de Paz del caserío de San Cristóbal se arrogó dicha función. Se hizo una
“convocatoria” para el día 8 de julio a las 10:00am. La reunión inició al
mediodía, sin control de asistencia, sin padrón oficial de comuneros y con la
participación de apenas 250
personas. Y es bien expresivo que a
dicha reunión asistieron el gerente de la empresa Marco Marticorena Quevedo y
el jefe de mina, Enrique Vernuy, junto a su séquito de lacayos y fuerzas de choque.
Los
asistentes a esa falsa asamblea autorizaron a la empresa el uso de los terrenos
de la comunidad para actividades exploratorias mineras por tres años, fijando
como pago por derecho real de uso la ínfima suma de S/. 1’500,000.00 (un millón
quinientos mil nuevos soles), es decir, pretenden pagar doce nuevos soles
mensuales por metro cuadrado de la tierra (por informe del MINEM se sabe que el área de actividades
es de aproximadamente 3450 metros cuadrados), para extraer muestras que por sí
mismas tienen un valor mil veces mayor, algo totalmente lesivo a los intereses
comunales.
Campesinos en pie de lucha
Los campesinos no se quedaron de brazos
cruzados. La Junta Directiva de la comunidad realizó el 22 de julio del 2012
una auténtica Asamblea General Extraordinaria, declaró nula la denominada
“asamblea general” del día 8, dejó sin efecto los acuerdos tomados y se ratificó en llevar a cabo la Asamblea
General a voto secreto el del 2012, para decidir sobre el permiso a Cañariaco
Copper Perú S.A. para exploraciones en los terrenos de la Comunidad Campesina
San Juan de Kañaris. Concluida la asamblea general del
día 30 de setiembre a la que asistieron diversas autoridades, la votación
tuvo el siguiente resultado:
NO
1721
SÍ 106
BLANCOS 28
NULOS 57
TOTAL 1912
Iniciadas las protestas el 5 de diciembre del
2012, la comunidad difundió mediante comunicado que la Asamblea General decidió
no otorgar dicho permiso y considera que deben protegerse los maravillosos
bosques húmedos, únicos en el departamento de Lambayeque, que resguardan una
variada fauna y flora, diversidad que no puede destruirse por un proyecto
minero.
Según datos del Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (INGEMMET) la cantidad de concesiones mineras en las regiones es la
siguiente: Apurímac 55% del total de su territorio ha sido entregado a las
empresas mineras, Cajamarca 45%, Moquegua 63.95%, La Libertad 47.46%, Arequipa
42.74%, Lima 41.11%, Tacna 39.88%, Ancash 38.98%, Huancavelica 38.45%, Ica
32.47%, Ayacucho 29.84%, Puno 24.53%, Lambayeque 23.21%, Piura 28,5%, Junín
24.6%; en el caso particular de Cañaris, es el 96.16%.
Es necesaria y justa la lucha del pueblo de Cañaris
contra el despojo de sus tierras que es parte del plan de nueva acumulación
originaria, por el respeto al derecho del pueblo a poseer, defender y decidir
sobre la tierra. Asimismo, exigir a la Empresa Minera Cañariaco Copper Perú S.A. cumpla con pagar a la
comunidad la suma de 170 millones de nuevos soles por concepto del ilegal
usufructo del que se han beneficiado desde el año 2001 hasta la actualidad. Por
la defensa del territorio comunal, exigir que la Empresa Minera Cañariaco
Copper Perú S.A. también cumpla con pagar a la Comunidad 170 millones de nuevos
soles de indemnización por los daños y perjuicios provocados desde 2001. Por la
defensa de la producción nacional, trabajo para el pueblo y seguridad
alimentaria, en consecuencia exigir que el gobierno regional y gobierno central
habiliten partidas presupuestarias para desarrollar proyectos de desarrollo
agropecuario en las zonas altas, medias y bajas de la comunidad. Por un nuevo
marco constitucional para las comunidades campesinas y la economía nacional,
que defienda cabalmente los territorios comunales y desarrollo de la
agricultura como base de nuestro proceso económico, es decir por una nueva
Constitución a través de una Asamblea Constituyente.
